LA EJECUCIÓN PENAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

1.  La Judicialización de la Pena de Prisión

La ejecución penitenciaria no es una materia genérica en la República Dominicana, ya que no se siempre se contó con la categorización de la judicialización de la pena de prisión, que permite llevar a efecto un control judicial de la condena y que facilita a que el condenado pueda ejercer siempre todos los derechos y facultades que le reconocen las leyes.  Esta “arquitectura jurídica” compuesta por el principio de legalidad ejecutiva y el principio del control jurisdiccional es a lo que se le denomina precisamente la judicialización de la pena de prisión. Juntos, estos principios permiten construir un espacio de garantías que permiten hacer un uso correcto de la prisión, construir un espacio carcelario, o un “espacio de garantías”, tal como ha expresado muy apropiadamente Alberto Bobino.[1]

 1. 1. Principio de Legalidad Ejecutiva en la legislación penitenciaria de la República Dominicana

Los tribunales de la República Dominicana, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución, por medio de los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. No pueden inobservarse estas normas de garantía judicial establecida en favor del condenado.

El principio de legalidad establece que así como nadie puede ser sometido a proceso penal sin la existencia de ley previa al hecho imputado, del mismo modo rige para todo lo concerniente a la ejecución de la pena o medida de seguridad ordenada por los tribunales. Se reconoce al condenado la capacidad de presentar acción o recurso, conforme lo establece esta ley, tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad física, psíquica y moral: no puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pone fin a la prisión preventiva, a que sea una medida cautelar de uso ilimitado temporal, razonable a los fines de evitar que se convierta en una pena anticipada.

El principio de legalidad ejecutiva contiene parte de los conocimientos que nos permiten diseñar una política penitenciaria más realista, así como las estrategias de legitimación de la situación penitenciaria actual. A través de ese principio es que se va a regular el principio de legalidad y control judicial en la legislación penitenciaria en el caso de la República Dominicana, con la finalidad de demostrar la importancia de estos conceptos como medios para construir un espacio de garantías que aseguren al interno un trato humano en prisión.

La prisión local ha tenido y tiene efectos deteriorantes para los condenados. Esos efectos que padecen los internos se dan a nivel biológico, psicológico y social. Es la criminología la que con mayor rigor científico ha descrito cuáles  temas han de tener en cuenta, a partir de los efectos que produce la prisión en quienes la padecen, y a partir de los conocimientos, busca diseñar una política penitenciaria más realista que no fomente pretensiones inalcanzables que finalizan por ser estrategias de legitimación de la situación actual.

Para la  criminología, la prisión tenía efectos contrarios a los propios fines que la institución misma estipulaba, y en este sentido es esencialmente era antipedagógica y contra-natura.

Después con los postulados de la resocialización se empieza a variar el eje discursivo del penitenciarismo. Tal orientación consistiría en un paso de la clínica del tratamiento presidida por el postulado resocializador (imbuido, a su vez, con fuertes connotaciones psicologistas) al ofrecimiento (al autor del delito) de una suerte de clínica que se dirija a lograr una disminución de su vulnerabilidad.

En primer lugar, se crearon las normas escritas, proclamadas por el discurso oficial de las altas autoridades, con relación al respeto de los derechos humanos y la disciplina para lograr el paradigma de la rehabilitación, siguiendo las Reglas Mínimas para la Prevención de Delito y el Tratamiento del Delincuente de las Naciones Unidas y la legislación penitenciaria nacional.

Durante todo este tiempo no ha podido reglamentarse las normas del personal local de la cárcel, y en cambio han sido impuestas por quienes están a cargo de la custodia de los reclusos, otras normas de tipo empírico, y en algunos casos por otros funcionarios, como favores, castigos disciplinarios, soborno, beneficios especiales, entre otros.

Pero la verdad es que la administración y la ejecución representan dos funciones del principio de legalidad. «Admitiendo incluso que, de hecho, administración y jurisdicción son ambas ejecuciones discrecionales, más discrecional la primera y menos la segunda, y admitiendo como hipótesis que al juez pueda concedérsele una discrecionalidad pareja a la de la administración, no se puede evitar preguntarse si también sea plausible lo inverso: una administración tan vinculada como pueda estarlo el juez. La respuesta no puede ser más que negativa; mientras podemos imaginarnos un juez notablemente libre cuando toma sus decisiones; sin embargo, no logramos imaginarnos un administrador cuya actividad esté casi enteramente regulada por obligaciones y por prohibiciones. La verdad es que la administración, aun siendo ejecución de la ley y en general del derecho, tiene una estructura funcional peculiar... la actividad administrativa es una actividad ejecutiva de reglas que encargan a ciertos sujetos alcanzar ciertos objetivos (los intereses públicos) definidos más o menos precisamente.

Y puesto que los objetivos, por un lado, nunca pueden ser definidos con absoluta precisión, y puesto que, por otra parte, su realización depende de situaciones de hecho contingentes y en larga medida imprevisibles, es por eso que desde el punto de vista de la regulación, la actividad administrativa resulta en larga parte disciplinada por normas finales: normas que establecen un objetivo a conseguir (la defensa del Estado, la tutela del paisaje, el mantenimiento del orden público, etc.), pero que dejan al destinatario de la norma la facultad de adoptar los medios que él retiene o que mayoritariamente son retenidos como idóneos para conseguir el fin». [2]

1. 2. Control jurisdiccional de la pena en el contexto dominicano

Antes de que existiera una efectiva jurisdiccionalidad de la ejecución, lo que se tenía en las cárceles era un mero control formal. Es por ello que el Principio del control jurisdiccional de la ejecución de la pena de prisión se erigió como el mecanismo que garantizará la legalidad normativa de la condena.

Históricamente, en los albores del siglo XX, la ejecución fue una actividad de carácter esencialmente administrativo. Por aquellas épocas, la actividad del tribunal sentenciador se agotaba en hacer ingresar al penado en prisión y, eso era todo. La evolución cultural condujo a que se iniciara un proceso tendente a revertir este puro carácter administrativo de la ejecución, cobrando relevancia el control jurisdiccional de las potestades de aquélla. Esta evolución se explica por diversas razones; entre las cuales, destaca, principalmente, la idea de que el ingreso en prisión de cualquier persona no despoja a ésta de otros derechos que aquellos que se determinan en la sentencia condenatoria y los expresamente fijados en la ley. En suma, si se reconoce lo anterior, se concluye en la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que, como persona, conservan los internos.

Esta tendencia, por cierto, encuentra su correlato en las legislaciones de los distintos Estados que, desde hace décadas, y con alcances distintos, vienen diseñando diversos mecanismos de control jurisdiccional de la ejecución.

Bachs y Estany, en un estudio iuscomparativo, se refieren a tres modelos  de control: 1) los impropios o indirectos, caracterizados por cuanto la intervención del juez o tribunal (especializado o no) se diseña únicamente en vía de recurso con carácter meramente de justicia revisora de última instancia;

2) los propios o directos, caracterizados por la intervención de un órgano específico de ejecución penal que se desprende del tribunal sentenciador, cumpliendo con su cometido de tutela inmediata a lo largo de toda la etapa de ejecución; y,

3) los mixtos, en donde el control de la actividad penitenciaria se efectúa a través de dos órganos: uno, de carácter administrativo, y el otro, jurisdiccional.

De acuerdo a nuestra legislación, nosotros pertenecemos a los primeros, ya que “los sistemas propios o directos, un panorama acotado a la legislación continental europea permite apreciar que muchos países vienen creando, desde hace ya tiempo, tribunales específicos destinados a garantizar la naturaleza jurisdiccional de esta etapa”. [3]

Así, en la República Dominicana, cuando el Código Procesal Penal introdujo la figura de los magistrados jueces de la ejecución, se creó una jurisdiccionalidad y unas competencias. En otros países se ha ido más lejos y se han creados leyes de ejecución, para asegurar una verdadera distinción entre magistrado y tribunal de vigilancia. Todo esto es parte de la tendencia que experimentaron muchos hacia la idea de un real control jurisdiccional permanente y hacia la conformación de órganos jurisdiccionales especializados con competencia exclusiva en la etapa ejecutiva.

De conformidad con el artículo 437 del Código Procesal Penal dominicano se le atribuye al juez de la ejecución de la pena, el control y la vigilancia del sistema penitenciario, a los fines de garantizar todos los derechos y garantías de los condenados, por lo que es de su competencia la judicialización de la ejecución de la condena.

De manera específica las atribuciones que facultan a los jueces de la ejecución, que corresponden a su competencia las trataremos en el apartado 3. 2. 2., que se ocupa de la jurisdiccionalidad.

2. 3.   La Reforma de la Justicia Procesal Penal

         La implementación de la Reforma Procesal Penal tiene que ver directamente con los cambios que se están operando en la Administración Penitenciaria nacional, tal como se ha experimentado en Latinoamérica en las últimas décadas, debido a la evolución de los sistemas judiciales del mundo.

         Dos aspectos resultan muy notorios en la presente transformación de la Justicia Procesal Penal que vivimos en la actualidad: En primer lugar, “estos cambios no pueden ser entendido como una mera alteración de la forma como se estructuran las ritualidades, trámites y plazos del proceso judicial, en el sentido en que tradicional, y hasta despectivamente, ha sido entendido el derecho procesal. Es mucho más de ello. Se trata de una nueva forma de entender a la función judicial, lo que impacta tanto en la organización que debe dársele, cuánto a los servicios que, como producto, debe entregar”. En segundo lugar, esto permite para el condenado obtener el apoyo y la comprensión de la ley penal.  Es por ello, que a partir de la implementación de la ejecución el proceso penal, el régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiado a la finalidad enunciada.

         La ejecución de las sentencias es un proceso que persigue el cumplimiento íntegro de éstas, que deberá efectuarse en sus propios términos. Son verdaderos procedimientos con características, requisitos y efectos propios y distintos de la acción penal original entablada. No consiste, no obstante, en un procedimiento contradictorio, por lo que el ejecutado tendrá muy limitadas sus posibilidades de actuación.

         En la propia noción de la ejecución de las sentencias, está implícito que lo pedido tiene que enmarcarse en la esfera del mandato dictado por el fallo proferido por el órgano judicial, en el sentido que no resulta procedente pretender, al amparo de este mecanismo procesal, obtener la tutela judicial sobre un asunto distinto al que ha sido decidido y sobre el cual versó la orden impartida por la instancia jurisdiccional, pues de lo contrario se estaría atentando contra el principio constitucional del debido proceso, al valerse de un procedimiento expedito y que en principio, no requiere conceder audiencia al obligado como fase previa a la adopción de las providencias.

Dr.Wilfredo Mora

Pte. Sociedad Dominicana de Criminologia.

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[1] Bobino, Alberto. Control judicial de la EPNA privativa de libertad y derechos humanos. Buenos Aires, Fabián Di Placio Editores, 2000. P. 226.

[2] Juan Igartua Salaverría. Principio de legalidad, conceptos indeterminados y discrecionalidad administrativa. Principio de legalidad, conceptos indeterminados y discrecionalidad administrativa. Biblioteca Jurídica Virtual. Órgano de la Fiscalía General de la República de Cuba. Sin fecha.

[3] Citado por José Daniel Cesano. Legalidad y control jurisdiccional. Construcción de garantías para lograr un "trato humano" en prisión. Reflexiones a partir de la realidad carcelaria argentina. Artículo, Librería Virtual Cubana.