viernes, 11 de abril de 2014

Geovanny Vicente Romero da charla sobre la Ética de los Funcionarios Públicos

Recientemente Geovanny Vicente Romero pronunció una charla sobre la Ética de los Funcionarios Públicos a los servidores de ARS Salud Segura patrocinado por el Instituto Nacional de administración Publica INAP, en las instalaciones del Centro de Acceso a la Información IAC, un centro de ultima generación donado por el Gobierno de Corea del Sur a la República Dominicana bajo la dirección del Ministerio de Administración Publica.

En el evento, el profesor Geovanny Vicente Romero estuvo hablando del rol que juega la Ley 41-08 de Función Pública de cara a garantizar la ética en la Gestión, al mismo tiempo que destaco que es necesario que  las faltas disciplinarias sean juzgadas y sancionadas conforme a su gravedad y en base a estrictos criterios de legalidad, equidad y objetividad, así como Procurar el ejercicio de los derechos y prerrogativas a favor de los empleados y la Administración Pública.

Todo lo anterior, para proveer Proveer los recursos y vías de acción para salvaguardar los derechos y legítimos intereses de los servidores públicos y de la administración procurar el ejercicio de los derechos y prerrogativas a favor de los empleados y de la Administración Pública.





























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lunes, 7 de abril de 2014

Debate: ¿Como impactará la Reforma al Código Procesal Penal los niveles de criminalidad del País, y que efecto tendrán estas reformas sobre el Sistema Penitenciario Dominicano?

Hemos aperturado un espacio de Debate Estudiantil y abierto al Ciudadano,  a los fines de intercambiar impresiones y sostener posturas claras en lo referente a la  presente reforma al Código Procesal Penal que se pretende promulgar en el país. Es interesante poder ver que pensamos del derecho de los ciudadanos a querellarse contra los funcionarios públicos, a la ampliación de los plazos procesales, la ampliación de la prisión preventiva, entre otras reformas.

Ya veremos como estas  modificaciones pueden afectar  la autonomía funcional del Ministerio Público y la garantía de los derechos fundamentales, los niveles de criminalidad actuales, asi como el funcionamiento del Modelo Penitenciario. El profesor Geovanny Vicente Romero hará las veces de moderador del debate respondiendo todas las intervenciones.



Los estudiantes convocados a participar en el Debate son los siguientes: 

Mirian Cristina Mercedes Payano
Ramon Bernard Medrano
Lesly Bazan Taveras
Maria Santana Ramirez
Nathalie Poueriet Martinez.
Emely Figueroa Sosa
Ciara Tolentino
John Polanco Crispin
Soranlly Cedano Nolasco
Andreina Andujar Alvarez
Yohemerson Perez Reyes.


Igualmente, los siguientes:

Alipio Sevelen
Martha Gonzalez Rodriguez
Anthony Mercedes Castro
Charina Cueto Garcia
Crismery Lizardo
Isaura Vanderhorst
Adonis Cueto Jimenez
Brenda Reyes Luciano
Samuel Angomas Disla
Freidy Hernandez White
Miguel Uribe Zorrilla
Ingrid Guzman Sabino
Luz Victoria Guzman
Estefany D Oleo Padilla
Crismerys Leonardo Tejeda
Francisco Reyes Figueroa
Juana Milagros Tejeda
Jacpharys Mercedes De la Rosa
Alexandra Mercedes Serafin
Oscar Barriola Santana
Paola Vega Rodriguez
Rosalba Vasquez Belen.


Nota: Toda persona puede participar.



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sábado, 5 de abril de 2014

Democracia procedimental y Reforma del Código Procesal Penal

Por David La Hoz

La democracia de los modernos inició teniendo por porta estandarte la idea de soberanía que había sido elaborada -en el plano teórico- por la democracia de los antiguos y que la modernidad ha convertido en praxis política. En un primer momento se entendió que democracia era soberanía y que detentaban la soberanía en unos casos el parlamento o congreso y, en otros, un rey o soberano. Posteriormente se entendió que ni el Príncipe ni el parlamento debían gozar de poderes ilimitados naciendo así la idea de control del poder soberano, o, lo que es lo mismo, nació el concepto de que el único soberano debía ser el pueblo, mejor dicho: el concepto de soberanía cambio de lugar, pasó a ser un atributo del pueblo y no de los gobernantes. Sin embargo, bajo la ficción de que la democracia directa era impracticable en la Edad Moderna se pasó a crear el concepto de democracia representativa en tanto lugar donde debía residir la soberanía. Es decir, el pueblo no podía ejercer su soberanía más que por intermedio de representantes.  De ahí se pasó a desglosar lo que ha de entenderse por representatividad y Hans Kelsen planteó que para que la misma fuere efectiva debían existir controles sobre los poderes públicos y que esos controles debía ejercerlos un tribunal de garantías constitucionales, un tribunal constitucional. Dicho con otras palabras, la idea de representación no puede bajo ninguna circunstancia estar por encima de derechos y de libertades sin importar que sean individuales o sociales, mejor dicho liberal democracia y social democracia se conjugaron en Hans Kelsen para dar nacimiento al Estado Constitucional.

Entonces cabe ahora preguntar si un derecho que está consagrado en el artículo 146 de la Constitución puede ser limitado haciendo una hueca interpretación del artículo 22.5 de la misma, esto es que la corrupción en que incurran los detentadores del poder, en cualquiera de sus grados –incluido el municipal-, solo puede ser ejercido por la ciudadanía o por un ciudadano en particular, como simple denuncia, nunca puede llegar a incoar una querella porque entonces se estaría invadiendo el ámbito de los fiscales, según una rancia interpretación de sujetos al servicio del poder de los gobernantes y, por vía de consecuencia, limitadores de los derechos y libertades ciudadanas. En pocas palabras, el poder, el ejercicio de soberanía del pueblo, se reduce a denunciar a un gobernante o uno de sus adláteres sindicados como corrupto, de ahí no puede pasar. Obviamente, si esta tesis termina por imponerse entonces el Estado Constitucional creado en 2010 pasaría a ser una nueva caricatura del tipo que instauró Pedro Santana con su autocrático artículo 210 que impuso al primer constituyente de rodilla, que dejó al pueblo sin libertades ni derechos.


El Estado Constitucional unido a la democracia procedimental consagra el carácter expansivo de los derechos y libertades ciudadanas y el carácter restrictivo de las prerrogativas de los gobernantes. De modo que al momento de hacer entrar en conflicto las prerrogativas de los funcionarios públicos y los derechos y libertades ciudadanas mal puede interpretarse que la subsunción o el carácter móvil de los principios constitucionales han de ser asumidos en el sentido de que sucumban las libertades y derechos ciudadanos ante el empuje de funcionarios a todas luces tildados de haber traicionado al pueblo. Esto sería matar de un tirón la democracia en tránsito que poseemos. Presumir incluso de que la modificación de una ley adjetiva, una regla, pueda restringir  principios constitucionales, como se pretende con la modificación del art. 85.3 del Código Procesal Penal puede calificarse de violación a la Constitución. O, lo que es lo mismo, hacer disfuncional la democracia procedimental, según la cual la misma es un método que propende a garantizar y a expandir derechos y libertades ciudadanas. Pues hoy día un régimen es democrático solo si son respetados derechos de libertad ciudadanos. Quien no pueda ser funcionario bajo este régimen de democracia procedimental, no debe asumir responsabilidades públicas, de limitar su accionar al ámbito privado. Es por ello que la democracia procedimental implica sujeción a valores no limitativos como precondiciones para la existencia de democracia. En ese sentido, ha dicho Norberto Bobbio, que “Quien no se ha dado cuenta de que por sistema democrático se entiende hoy, inicialmente, un conjunto de reglas procedimentales de las que la principal, pero no la única, es la regla de la mayoría, no ha entendido nada y continúa sin entender nada de la democracia.” DLH-3-4-2014

jueves, 3 de abril de 2014

Una inmunidad parlamentaria para los Funcionarios Públicos?

OPINIÓN 




Una inmunidad parlamentaria para los Funcionarios Públicos?











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Blog detalle

GEOVANNY VICENTE ROMERO

Abogado

Sobre mí

Abogado y politólogo. @geovannyvicentr
En ocasión de la reforma al Código Procesal Penal dominicano, la cual se ha aprobado en el Congreso Nacional de la República, nos percatamos de que uno de los aspectos mas neurálgicos de esta modificación, probablemente lo constituirá el hecho de que,  en lo adelante querellarse contra un funcionario público que incurra en una falta en el desempeño de sus funciones no será posible, surgiendo en nosotros una interrogante que no podemos postergar:
¿Estaríamos hablando entonces, de una especie de inmunidad parlamentaria para los funcionarios públicos?
Constituye un grave desatino  que luego de haber logrado un nuevo Código Procesal Penal  en el año 2002, tras  muchos años de impartir justicia con un  código de procedimiento criminal basado en el sistema inquisitorio, hoy doce años después, la primera enmienda que se le haga a esa pieza normativa se haya efectuado en una única lectura por el Congreso Nacional, suprimiendo el tercer párrafo del articulo 85, que reconoce la prerrogativa que tiene todo ciudadano de querellarse contra un funcionario público cuando en el ejercicio de sus funciones ha violado la Ley.
Sin duda alguna, República Dominicana que con la Constitución del año 2010 se ha colocado en el mapa de los países mas progresistas en términos sustantivos, con una Carta Magna que ha sido reconocida por expertos internacionales como una de las mejores del hemisferio, esta corriendo el riesgo de incurrir en una inconstitucionalidad evidente que se puede traducir en un lamentable retroceso del Estado social,  Democrático de Derecho, máxime cuando en estos tiempos se habla de fortalecer los mecanismos y procedimientos que garantizan la transparencia en la gobernanza de la Administración Pública dominicana. Sin embargo, esta Constitución sería flagrantemente violada en su artículo 22 que reconoce el derecho de los ciudadanos a denunciar las irregularidades de los funcionarios en el desempeño de sus funciones.
Una muestra de estos mecanismos e instrumentos que se están trabajando de cara a fortalecer la transparencia es,  el llamado Código para el Buen Gobierno que aparte de evitar la ocurrencia de conflictos de intereses en la función pública,  vendría a fundamentar el ejercicio de un Buen Gobierno amparado en altos niveles de participación ciudadana, por lo que la aprobación de la  pieza legislativa del CPP no debe ser promulgada por el Mandatario, ya que en todo caso, la tendencia debe ser a fortalecer mecanismos de prevención de corrupción,  no a disminuirlos, mucho menos eliminarlos.
Es necesario destacar que no todo esta perdido,  en nuestro amplio cuerpo de legisladores, que en términos proporcionales de territorio y población sobrepasa la cantidad de países tan desarrollados y tan grandes territorialmente como China, Rusia y Japón, contamos con legisladores serios y responsables que ejercen y han ejercido la función legislativa como un verdadero postulado de vocación de servicio a intereses colectivos y no particulares.
Un autentico ejemplo  de esto lo ha sido el pasado Diputado por la Provincia de Santo Domingo, Dr. Elso Segura Martínez, quien en fecha del 15 de mayo del 2007, remitió una carta al otrora Presidente de la Cámara de Diputados, Julio Cesar Valentín, solicitando incluir un Anteproyecto de Ley que brinde algún instrumento  de protección  a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. Evidentemente, el nombre del también Catedrático Elso Segura Martínez no debe resultar desconocido,  pues  además  de tener una larga trayectoria pública también fue el primer diputado que denunció públicamente las irregularidades en la compra de los famosos aviones Supertucanos.
Exhortamos al señor Presidente de la República Danilo Medina  poner una vez más, sus  oídos en el corazón del pueblo y escuchar los latidos por el  reclamo de una Administración Pública más transparente, más pulcra y más ética, escuchar los latidos de un pueblo por una renovación de Gabinete desgastado por el tiempo a  casi dos años del Gobierno, al mismo tiempo que reconocemos que los Funcionarios que están haciendo el trabajo no deben ser cambiados (continuar con lo bueno). Todo lo anterior, para que pueda casarse con la gloria el Presidente dejando un legado histórico  al vetar y devolver el CPP, como ya ha dejado un legado con temas como la Barrick Gold.
Hoy leía en el periódico “Correa renueva Gobierno en Ecuador”. Pensé: Igual que en mi país.


Fuente: Acento.com.do


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Anexamos este artículo de otro medio:

El gran negociazo en la compra de aviones Súper Tucanos a Brasil

     Los primeros aviones fueron recibidos por el presidente Leonel Fernández.

Reproducimos íntegramente el reportaje del periodista Cristian Abreu para el diario electrónico Dominicanos Hoy.com.do, luego de leer esta crónica, más claro, ¡ni el agua! Este fue un negocio donde supuestamente circularon sobornos por más de 150 millones de pesos. DLRD

Diputado del PLD denunció en 2008 soborno tucanos
Al diputado Elso Segura Martínez pocos le hicieron caso. Fue sometido a la comisión de disciplina de la Cámara Baja y el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización a la que pertenece, le instó, literalmente, a callarse la boca, porque sus declaraciones a la prensa no coadyuvaban al gobierno del entonces presidente Leonel Fernández.

¿Qué había hecho mal este legislador para merecer estas reprimendas tan severas?: Denunciar supuestos sobornos a los legisladores para que votaran a favor del contrato de préstamos para la compra de ocho aviones Súper Tucano a Brasil.

Cinco años después el tiempo le ha dado la razón y se conoce que a nivel internacional existe una pesquisa abierta, para esclarecer si Embraer S.A. sobornó a funcionarios de República Dominicana y Argentina, a cambio de contratos para vender aviones comerciales y de defensa.

El proyecto fue impulsado en el Congreso Nacional por las Fuerzas Armadas, que defendía la necesidad de adquirir los aviones para resguardar el espacio aéreo. A la sazón, la institución era dirigida por el teniente general Pedro Rafael Peña Antonio.

 El diputado peledeísta Elso Segura se presentó al hemiciclo con una cinta pegante en la boca.

La denuncia de Elso

Noviembre 5 de 2008: El diputado peledeísta Elso Segura Martínez, quien era presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Baja, reveló la distribución de altas sumas de dinero, a fin de hacer posible la aprobación en el Congreso de tres préstamos internacionales que en conjunto sumaban US$180.7 millones de dólares. En estos créditos estaba el de US$93.7 millones, suscrito con una entidad de Brasil para el financiamiento de la compra de los aviones Súper Tucano.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana había creado un avispero, al conocerse el contenido de una carta que dirigió al entonces presidente del hemiciclo, Julio César Valentín, en la que denunciaba que legisladores habían recibido dinero para que sancionaran el proyecto de compra de los aviones Súper Tucano y otras iniciativas.

La misiva indicaba que existían rumores de que se había distribuido una alta suma de dólares entre congresistas para que motivaran la aprobación de la pieza, que establecía un préstamo por US$93 millones, 697,887, mediante un convenio entre el Estado dominicano y el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, para la adquisición las aeronaves.

En la misiva, el diputado oficialista, quien perdió el apoyo de su partido en el año 2010, indicaba que a decir de muchos parlamentarios había intervenido el “Dios dinero”, a fin de sancionar favorablemente el proyecto de resolución del préstamo por US$68 millones, 096,278 para la terminación de la presa de Pinalito, mediante convenio con el mismo banco brasileño.

También en otro préstamo por valor de US$19 millones para la terminación del acueducto de la Zona Oriental, mediante un contrato entre el Estado dominicano y el Deutsche Bank de España.

Segura Martínez llamó la atención de sus compañeros ante alegados comentarios transmitidos en el programa El Gobierno de la Mañana, en los que se acusaba a los diputados de recibir dinero para que fuera aprobado el Acuerdo de Asociación Comercial con la Comunidad Europea.

El conocimiento de la carta, copias de la cual fueron depositadas en cada curul y recogidas minutos después, generó críticas y comentarios de sus compañeros, algunos de los cuales exigieron que “se limpiara su honra”.

Luego de la reprimenda del Comité Político y de algunos de sus propios compañeros de curul, Segura Martínez se presentó al hemiciclo con una cinta pegante en la boca, dando a entender que desde su mismo partido le pidieron que “se callara la boca”.

En la actualidad, Segura Martínez se desempeña como profesor universitario; pero, a este multimedios le fue imposible contactarlo para conocer su parecer sobre el recién destapado caso que él había denunciado hace cinco años.

Valentín reacciona

De inmediato, Julio César Valentín emplazó a Segura Martínez a que identificara a quienes habrían recibido dinero y lo exhortó a investigar profundamente como presidente de la Comisión de Ética, advirtiéndole que si había un comportamiento aislado se recibiría la condena y el rechazo de los demás asambleístas.

Precisamente, ese día el primer punto de la agenda fue el proyecto de préstamo para la adquisición de los aviones Súper Tucano, que por quinta vez había sido debatido sin que se decidiera al respecto.

Los perredeístas no votaron, excepto Julio Romero, y de la bancada del PLD hubo algunos que tampoco lo hicieron, porque no estaban de acuerdo con la pieza, a pesar de la orientación del Poder Ejecutivo para que la respaldaran.

El Comité Político

El día 4 de noviembre de 2008, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), había instruido a sus legisladores a votar a favor del préstamo por 93 millones de dólares para los aviones Súper Tucanos, explicó Julio César Valentín, actual senador por Santiago de los Caballeros.

Valentín dijo que el Comité Político del PLD dio la orden y “nosotros nos esforzaremos para que sea admitido el proyecto”, llamando a sus compañeros que se oponían al préstamo a reflexionar, en razón de que debía haber un elemento que disuadiera y amenazara a los narcotraficantes que dejaban en el país un alto volumen de drogas.

Expresó en aquella ocasión que la posición oficial de la dirección del PLD era aprobar el préstamo, como lo dictaminó el secretario general del partido y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en nombre del Comité Político de esa organización.

El negocio

El 15 junio de 2007, el entonces Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, emprendió un viaje de ocho días a Miami, Estados Unidos, y Brasil, y a su regreso al país informó que había suscrito importantes acuerdos, dentro de los que estaba el de los aviones Súper Tucanos. También contactó con “potenciales inversionistas” para la producción de biocombustibles, la modernización de la televisión y la instalación de un parque de zona franca pesquera en Azua.

El mandatario estuvo acompañado por sus ministros: Víctor Díaz Rúa, de Obras Públicas; Luis Manuel Bonetti, administrativo de la Presidencia y Rafael Núñez, de prensa; además, de la entonces primera dama y actual vicepresidenta del país, Margarita Cedeño, entre otros.

En su visita a Brasil, el presidente Fernández también gestionó la instalación de un molino textil, intercambio bilateral de educación superior y un financiamiento para comprar aviones para la lucha contra el narcotráfico y 300 autobuses.

En Río de Janeiro, Fernández se reunió con los ejecutivos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, institución que aprobó el financiamiento para la adquisición de los aviones Súper Tucano, utilizados desde 2009 en el patrullaje de los cielos dominicanos en la lucha contra el narcotráfico.

Nada de lo antes expuesto se concretizó, al menos hasta esta fecha, solo la compra de los tucanos.

Llegan dos aviones

¡Por fin! Luego de un sinnúmero de anuncios, el presidente Fernández recibió los dos primeros tucanos el día diez de diciembre de 2008. En compañía de los altos mandos militares llegaron a la Base Aérea de San Isidro estas naves, de ocho adquiridas para la “defensa del espacio aéreo” y la “lucha contra el narcotráfico”.

El coronel piloto Ángel Restituyo Rodríguez, leyó la orden que lo incorporaba a la flota de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), con lo que, según el militar, “alegadamente” se modernizaba la armada dominicana.

De su lado, el jefe de la FAD en aquella época, mayor general Carlos Rafael Altuna Tezanos, sostuvo que con la incorporación de los aviones se estaba dotando a la institución de un instrumento esencial para garantizar la defensa y la seguridad de las fronteras, agradeciéndole al mandatario que hubiera devuelto la capacidad de vigilancia, el control y la soberanía del espacio aéreo dominicano.

Asimismo, el secretario de las Fuerzas Armadas (FFAA), teniente general Pedro Rafael Peña Antonio, indicó, no sin antes elogiar a Fernández, que la adquisición de las aeronaves era una muestra más del interés del gobierno por proteger el país del narcotráfico.

En el acto de recibimiento de los tucanos estuvieron presentes, además del secretario de las FFAA y el jefe de la FAD; el jefe de la Marina de Guerra, vicealmirante Homero Luis Lajara Solá; el director del DNI, Ramón Antonio García; el director de la DNCD, Rolando Rosado Mateo; entre otros altos militares.

Las demás aeronaves llegaron al país en octubre de 2009.

¿Narcotráfico de rodillas?

El exministro de las Fuerzas Armadas (FFAA), teniente general Pedro Rafael Peña Antonio, aseguró en su momento que en la República Dominicana, el narcotráfico estaba de rodillas ante las autoridades, porque le habían dado golpes contundentes.

Sostuvo que en el año 2009 decomisaron más tres mil kilos de cocaína, droga que pudo haber estado en ruta hacia otro territorio o consumo en República Dominicana, “entonces el país ha dado muestra de voluntad en la lucha contra las drogas”.

Como punto discordante a las declaraciones del exsecretario de las Fuerzas Armadas, cinco años después de que el país adquiriera los aviones súper tucanos, informes internacionales dan cuenta de que la República Dominicana no solo es puente, sino consumidor de drogas; además de poseer los laboratorios de producción más grandes de toda la región.

“Están ciegos”

El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), José Tomás Pérez -2009-, declaró que los dos aviones Súper Tucanos no cuentan con los radares tridimensionales que requieren este tipo de aparatos para detectar los vuelos ilegales.

“Los tucanes están ciegos, simplemente. Lo que falta es el sistema de vigilancia vía radar para detectar las trazas (aviones con vuelos ilegales), inmediatamente informar a la Fuerza Aérea, y que el avión salga y empieza la persecución”, expresó.

La otra denuncia

Las autoridades de Estados Unidos y Brasil investigan si Embraer SA sobornó a funcionarios de Argentina y República Dominicana a cambio de contratos para vender aviones comerciales y de defensa, según documentos legales obtenidos por la agencia Reuters.

En una información publicada para Sao Paulo y Washington, Reuters establece que las investigaciones involucran a la venta de 20 aviones de pasajeros a la aerolínea estatal argentina, con un valor de unos 900 millones de dólares, según los precios de venta de Embraer, y un acuerdo por 9,2 millones de dólares con las Fuerzas Armadas de República Dominicana por ocho aviones ligeros de ataque Súper Tucano.

Precisa que el tercer fabricante de aviones comerciales del mundo reveló hace dos años que ha estado bajo investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores desde el 2010 en relación a las ventas de sus aeronaves en el extranjero.

Asimismo, instituye que las acusaciones afectan a uno de los mayores exportadores de Brasil y a una piedra angular de su industria de defensa en expansión, que busca ganar credibilidad entre las grandes potencias después de años de vender armas en los mercados emergentes.

El cable expresa que la unidad de defensa de Embraer se asoció con Boeing Co para vender un avión militar de carga, el más grande de su historia, para competir con el Hércules de Lockheed Martin Corp. en Estados Unidos y Gran Bretaña.

En documentos revisados por Reuters, los fiscales citaron evidencia de que ejecutivos de Embraer aprobaron un soborno por 3,4 millones de dólares para un funcionario dominicano con influencia en las compras militares. Los detalles del caso de República Dominicana fueron reportados inicialmente por el diario Wall Street Journal.

Embraer está cooperando plenamente con las autoridades, subrayó la compañía en un comunicado, aunque declinó comentar sobre los detalles de las acusaciones debido a que la investigación es confidencial.

Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores no respondieron de inmediato a los pedidos de comentarios.

Detalles

Los Súper Tucanos están equipados con dos ametralladoras y cohetes aire-tierra y aire-aire, y pueden alcanzar una altura de 35.000 pies (10,6 kilómetros), una velocidad de 593 kilómetros por hora y una autonomía de vuelo de cuatro horas.

Además del combate al narcotráfico, los aviones pueden ser utilizados en la vigilancia de la zona fronteriza, la salvaguarda de los recursos naturales y, en caso de conflictos, en apoyo de tropas y naves marítimas.

El préstamo de 93,7 millones de dólares para la adquisición de las ocho naves fue aprobado en 2008 en el Congreso Nacional, pese al rechazo de la oposición y parte del oficialismo.

El proyecto fue impulsado en el Congreso por las Fuerzas Armadas, que defendía la necesidad de adquirir los aviones para resguardar el espacio aéreo y las costas nacionales ante el avance del narcotráfico internacional, que utiliza al país como puente de sus operaciones.

Sin embargo, Julio César Valentín, presidente de la Cámara de Diputados en 2008, y el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, coincidieron en que los ocho aviones Súper Tucanos adquiridos por el gobierno dominicano a Brasil, no eran la “panacea” del tráfico de drogas en el territorio nacional, aunque los consideraron necesarios para combatirlo.

Sin embargo, Guerrero advirtió que los aviones podrían ser usados por los propios narcotraficantes para transportar sus drogas, si no se preparaba adecuadamente el personal que lo operaría.

Cristian Abreu
Dominicanos Hoy.com.do
http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews[year]=2013&tx_ttnews[month]=11&tx_ttnews[tt_news]=100722&cHash=bfe1d3b6a753e43d85356febe848ff93
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