MIÉRCOLES, 23 DE ABRIL DE 2014 00:00
Juan cumplió su condena de 15 años de encierro, lo hizo en un ambiente de miedo constante, un entorno deshumanizante, anulador del individuo, un ejercicio al minuto de manipulación y sobrevivencia. Si Juan fracasara en su regreso a la sociedad, al reiterar la comisión de un hecho delito, se podría preguntar: ¿Por qué, fracasó Juan? ¿De verdad cree usted que es necesario preguntarse o realizar estudios?
Es trágico que se cumpla la máxima de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es el resultado esperado después de años de entrenar en deshumanización, violencia, desafectación emocional, desvinculación social. Claro está que hay personas que a pesar de ese entrenamiento logran incorporarse a la sociedad, porque esas personas cuentan con recursos propios, y a pesar de la prisión lo logran, pero muchos otros no.
Volviendo a Juan, claro, la culpa siempre la tiene Juan, y algunos dirán que es culpa de la cárcel, que se ha convertido en una universidad del crimen, qué claridad de pensamiento. La facilidad con que se emiten opiniones sobre este tema, disfrazadas de criterios, carentes de comprobación o fundamentación científica, es solo semejante a las opiniones en futbol o política.
Se podría preguntar: ¿Qué es más fácil: entrar o salir de prisión, en un país donde la regla es dictar prisión preventiva? Las respuestas, además de variadas, serían contradictorias. Lo que sí se puede afirmar es que recuperar la libertad es más difícil y de ello se encarga el prejuicio y la estigmatización, herramientas del mundo mediático que dirige la reacción social, no al delito, sino al delincuente. Juan pronto comprenderá que la pena no se extingue al cumplir con la pena.
Como la sociedad promueve la búsqueda del o de los culpables del fracaso de la mentira resocializante, me permito incomodarlos al preguntar: ¿Cuál es su responsabilidad en la violencia social y dentro de esta en la violencia delictiva, y desde luego en el proceso institucional que ejecuta las sanciones penales, o en el proceso de inserción social, laboral, de las personas que han cometido delitos?
De una mala obra: ¿Quién es el mayor responsable? Los ejecutantes, los maestros de obras, o quienes diseñan y dirigen la obra, en este caso la política pública penitenciaria. Es cierto que todos tienen responsabilidad, de la mala obra, pero la responsabilidad no es igual, porque el que más tiene (poder), más se le exige.
La institución carcelaria ha tenido y tiene problemas de diseño y de direccionalidad política, que significa: Planear-Dirigir-Controlar-Evaluar-Decidir. Paso a anotar cuatro manifestaciones de la debilidad o ausencia de direccionalidad política:
1.- En el ámbito administrativo, no existe política pública penitenciaria, ni un Plan Estratégico, en el Plan Nacional de Desarrollo solo hay referencias operativas. En el ámbito de ley, no existe ley de ejecución de la pena, a pesar de numerosos proyectos. Y la ley de la DGAS tiene 43 años de vigencia, superada por la realidad institucional y delictiva.
2.- La prisión es víctima de su paradigma y está en prisión, aislada, no existe una estrategia nacional para integrar a la prisión, como institución pública, al trabajo interinstitucional dentro de las políticas públicas de salud, trabajo, educación, sociales, entre otras. Más allá de los contactos actuales, caracterizados por una relación de subordinación y poco sostenible. Y menos aún, una estrategia nacional de desarrollo de alianzas de la cárcel como institución pública, con sectores sociales y sectores privados, especialmente enfocadas a la inserción de las personas al medio libre.
3.- Superar el fantasma del “tratamiento” que en la práctica se debe entender como miento mientras trato. Así como la falacia de la existencia de un solo modelo, capaz de responder a una población muy heterogénea y diversa; es fundamental re-direccionar para centrarse en la persona y en la atención profesional de su multi-dimensionalidad: Cognitiva, Productiva, Emocional, Social y Ser político.
4.- Reposicionar a la Administración Penitenciaria y la política criminal del “holocausto del encierro” al “enfoque de la inserción social asertiva,” a partir de un modelo equilibrado de control y apoyo, que promueve la responsabilidad de la persona, por sus acciones y por su inserción. Pero también responsabilidad de las instituciones públicas y de los sectores sociales.
De lo que se trata es de rescatar la responsabilidad del Gobierno de cumplir con el mandato legal de respeto a la dignidad humana.
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/opinion/12898-2014-04-23-05-40-07.html
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