Eridania Bidó Fernández, MAGP
Investigadora Senior CPDL-RD
Sistema y Medios de control.-
El Sistema de Prevención y Lucha Contra la Corrupción Administrativa en República Dominicana está compuesto por una gran cantidad de leyes, decretos, normas y resoluciones creadas para velar por la integridad y transparencia del uso del erario y los bienes del Estado en manos de funcionarios y particulares.
Durante muchos años la República Dominicana ha sido escenario de grandes escándalos de corrupción, siendo la Administración Pública la principal afectada en ese sentido, llegando a un nivel tan elevado que se ha dicho en contadas ocasiones que en nuestro país existe una cultura de la corrupción. Bien es cierto que el calificativo no dista mucho de la realidad que vivimos, cada escándalo de corrupción es opacado por otro de mayor envergadura, pero ninguno pasa de ahí.
Nuestro país se ha convertido en uno de los países más corrupto, según los rankings mundiales utilizados para medir los niveles de corrupción de los diferentes países.
En ese sentido, nos hacemos una pregunta ¿Por qué ocurre todo esto?
Podríamos decir, que en la República Dominicana no existe una voluntad política firme para enfrentar el flagelo de la corrupción que cada día acaba con los bienes del Estado; y nos reduce al mínimo las posibilidades de desarrollo y progreso a que estamos avocados.
Muchos entienden que el sistema existente es muy permisivo, de manera que los actos de corrupción son cometidos a la vista de todos y nadie hace nada al respecto.
Falta de controles internos o la utilización de controles ineficaces para llevar a cabo los procesos de fiscalización y control a que están orientados los organismos creados para tales fines, como son: Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.
Las leyes que previenen y sancionan los actos de corrupción administrativa en la República Dominicana son muy débiles.
Un principal problema a nuestro juicio lo constituye la falta de rendición de cuenta de los funcionarios al momento de ingresar a desempeñar un cargo público. Esto se evidencia con la violación anual que se hace de la Ley de Declaración Jurada de los funcionarios públicos, siendo muy pocos los que la rinden dentro del plazo, y ninguno sancionado por ello.
Muchos opinan que los bajos salarios son un factor determinante para cometer actos de corrupción, lo cual para nosotros no es así, puesto que quienes cometen los mayores actos de esta naturaleza son en su mayoría los altos funcionarios, los cuales reciben grandes emolumentos por desempeñar sus funciones.
La inexistencia de valores y la falta de ética en el ejercicio de la función pública.
Algo que para nosotros es de primer orden, es la impunidad existente en cada caso descubierto de corrupción sin que los responsables reciban la correspondiente sanción, salvo algunos casos, los implicados en estos escándalos salen ilesos y siguen ocupando los puestos públicos como sino pasara nada.
En la República Dominicana al referirnos al Sistema existente nos damos cuenta que impera una gran permisividad en relación a los asuntos que tienen que ver con la comisión de algún acto de corrupción; sin que hasta el momento se hayan establecido precedentes de condena de algún funcionario al respecto, lo cual deja en evidencia la gran debilidad y poca firmeza en el combate de la corrupción.
Al hacer referencia a lo bueno que pueda tener nuestro sistema, entendemos no hay mucho que indagar al respecto, ya que cualquier aspecto en ese sentido quedaría totalmente opacado con la cantidad de debilidades que posee, quizás sea lo que ha permitido que hoy día tantos casos de corrupción hayan quedado impune.
Pero hay que ver la corrupción como un problema no solo de los gobiernos, sino que también de las sociedades, para lo cual se requiere de una política de Estado que esté por encima de los intereses particulares, alejadas de cualquier objetivo que no sea el bien de la colectividad.
El problema fundamental de la corrupción administrativa durante mucho tiempo a reposado en la tolerancia hacia este fenómeno por parte de las autoridades llamadas a perseguirla y sancionarla. Sin embargo en los actuales momentos existe en República Dominicana un alto nivel de rechazo a la misma, la ciudadanía ha ido tomando conciencia por el alto nivel alcanzado en los últimos años; se hace necesaria una voluntad política mucho mas firme para enfrentarla y una legislación penal mas vigorosa para sancionarla.
Entendemos esto como un punto de mucha importancia en todo este proceso de lucha y persecución de la corrupción en el Estado Dominicano lo que instituye la nueva Constitución Dominicana en su Art. 146.-Proscripción de la Corrupción, lo cual establece condena contra toda forma de corrupción en los órganos del Estado.
Verdaderamente todos los puntos expuestos anteriormente son necesarios para combatir la corrupción, pero entendemos que lo ideal sería prevenirla, lo cual desde nuestra perspectiva solo se logra a través de una adecuada educación, donde la ética y la moral vuelvan a ser temas de importancia dentro de la enseñanza educativa de nuestro país.
Conocido es que en nuestro país existen varios organismos que tienen la función de establecer los controles y otros prevenir y combatir a la corrupción, como son:
Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA)
Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, Actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
Cámara de Cuentas
Contraloría General de la República
Participación Ciudadana (PC)
Ministerio de Administración Pública (MAP)
Cada uno de estos organismos desde las funciones que les toca desempeñar de una u otra forma, a aportado su granito de arena en todo este proceso que busca erradicar, o por lo menos bajar los niveles de corrupción en la Administración Pública Dominicana. No menos cierto es que la realidad nos hace mantenernos vigilantes como sociedad ante las actuaciones de dichos organismos, los dos primeros están manejados por los mismos miembros del partido de turno, aunque estén formados por personas idóneas, en la mayoría de los casos que se puedan conocer prevalecerá el matiz político mas que la objetividad que ameritan estos casos.
Siguiendo en ese mismo orden, percibimos que la función de los órganos de control en el manejo de los procesos de control en las instituciones del Estado no se realiza con la transparencia y pulcritud con que deberían manejarse; de manera que, también se ven manchados por las cuestiones políticas que impera en todo el manejo de la cosa pública.
Lo que si es una realidad y hay que reconocer, es la labor de otras entidades que su esfuerzo y entrega desinteresada cada día se muestran mas preocupada por los asuntos de la administración pública, porque los mismos se manejen de la manera mas transparente y apegados a las normas establecidas.
Participación Ciudadana busca el fortalecimiento y mayor participación de la sociedad civil en los diversos ámbitos de la vida social, contribuyendo así con la consolidación de la democracia y con el proceso de modernización del Estado. Esta entidad vive en un constante monitoreo de la Gestión en la Administración Pública, convirtiéndose en un vigilante permanente del accionar de las instituciones del Estado y de los funcionarios que desempeñan una labor en el.
El Ministerio de Administración Pública cada día está inmerso en crear los instrumentos necesarios para adecentar la Administración Pública a través de la elaboración de instrumentos que permiten un adecuado reclutamiento, por citar algunos, dotarla de una normativa tan importante como lo es la Ley 41-08 de Función Pública, entre otros tantos instrumentos con que cuenta nuestra administración para el buen desempeño de los funcionarios públicos, son hechos que fortalecen, desde nuestro punto de vista la prevención de la corrupción, cuando se tiene un personal reclutado en base a su mérito, la comisión de actos de este tipo son mínimas.
Confrontando la corrupción
La forma más efectiva de luchar contra la corrupción en la República Dominicana sería combinar el uso de los recursos de la sociedad civil con un compromiso constructivo del gobierno de la República Dominicana.
Debido a la estructura vertical del estado dominicano y sus antecedentes caudillistas, una demostración inequívoca de voluntad y compromiso político por parte del ejecutivo es imprescindible. Esto incluiría, entre otros:
Apoyar la aplicación de la Ley de Función Pública, fortalecer el marco legal anticorrupción y aumentar la independencia de instituciones claves comola Controlaría General de la República. Entendemos por ejemplo que el Contralor una vez nombrado por el ejecutivo solo pueda ser destituido por el congreso cuando hubiere incurrido en faltas graves.
Arrojar luz sobre el proceso de formulación y ejecución presupuestaria. Informes como el PEFA dan una pobre puntuación a la República Dominicana en materia de control, reporte y transparencia presupuestaria. El Sistema Integrado de Gestión Financiera, SIGEF debe ser utilizado como herramienta de transparencia de tal manera que las proyecciones y ejecuciones estén disponibles para el escrutinio público.
Un mayor paso de avance sería transparentar los procesos de compras y contrataciones. Al comparar el caso de Guatemala con la República Dominicana, nos damos cuenta que existen grandes oportunidades para todo tipo de corrupción en nuestro sistema de compras, lo cual puede ser cambiado por la aplicación efectiva de la nueva ley y obligar a que todos los procesos tengan que ser publicados y licitados.
Ahora bien, ¿Qué necesita la Administración Pública Dominicana para la erradicación dela Corrupción?
- Aplicar las normas existentes en materia de Función Pública.
- Crear Leyes más efectivas o hacer funcionar las que están vigentes.
- Fomentar los valores en la enseñanza.
- Establecer de manera obligatoria, que se vuelva a impartir en las escuelas la asignatura de moral y cívica.
- Que se condenen a los implicados en actos de corrupción, sin importar la simpatía político- partidista, cero tolerancias a estos actos.
- Decisión y voluntad política, que no solo sea retórica por parte de los mandatarios de turno.
- Más independencia de los organismos de control y fiscalización.
- Una participación más activa por parte de la sociedad en conocer el uso de los fondos públicos.
Finalmente, elementos destacados en toda esta lucha anti corrupción lo constituyen el Art. 146 de nuestra Constitución, la Ley 41-08 de Función Pública, la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley de Acceso a la Información Pública, el seguimiento y monitoreo constante por parte de organismos internacionales y nacionales citados en párrafos anteriores.
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