Fuente: Andrea Mora | 2014-09-18
Imagen ilustrativa tomada de internet.
San José, 18 Set (Elpaís.cr) – La posibilidad de poner brazaletes electrónicos a quienes cometan delitos de menor cuantía ya es una realidad en el país, luego de que los diputados de la Comisión Plena Tercera aprobaran el segundo debate del proyecto este miércoles.
Esta iniciativa permitirá a partir de ahora que las personas que cometan algún delito de menor cuantía, no vayan a la cárcel a saturar los centros penitenciarios nacionales que según datos del gobierno ya están al tope de reclusos.
“Este proyecto tiene mucha importancia para el país ya que en primer término reduciríamos el hacinamiento de nuestras cárceles, aplicándoselos a los privados de libertad cuando se está realizando la investigación del caso”, sostuvo la directora de la Defensa Pública nacional, Marta Iris Muñoz.
Esta reducción en cantidad de personas privadas de libertad, que además quedan bajo la tutela gubernamental, se traduciría en que el Estado empezaría a pagar de 10 a 25 dólares por persona, en lugar de los más de 800 mil colones que cuesta actualmente cada recluso.
Datos del Ministerio de Seguridad señalan que, de hecho, lo que cada recluso le cuesta al país anualmente es de más de 9 millones de colones.
Además, el proyecto de ley que se aprobó busca que se lleven a cabo controles para que las mujeres víctimas de violencia doméstica puedan identificar a sus victimarios cuando éstos estén a una distancia corta de distancia.
Por otro lado la medida ahora ley, buscará que los reclusos puedan incluirse en mecanismos de capacitación con el fin de rehabilitar a aquellos que cometan delitos menores.
El perfil de los beneficiarios de estos puntos iniciará con un plan piloto que se les dará a los sentenciados por delitos menores y a quienes no tengan antecedentes penales anteriores o cuando su libertad represente un peligro para la víctima, como el caso de la violencia doméstica.
El crimen organizado y los delitos sexuales quedan descartados para optar por esta medida.
Ahora la ley empezará a regir luego de la firma del Ejecutivo y de su posterior publicación en La Gaceta para que se pueda utilizar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los 200 brazaletes con los que ya cuenta el Ministerio de Justicia y Paz.
Las comisiones con potestad legislativa plena están habilitadas para aprobar proyectos de ley de manera más rápida que el plenario completo y sesionan los días miércoles a las 5 de la tarde.
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