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viernes, 4 de marzo de 2016

Cuatro errores comunes de los sistemas de estadísticas sobre crimen y violencia

Publicado originalmente en el blog del BID  Sin Miedos.

Estadisticas y policia
De nuestro estudio sobre costos del crimen en América Latina y el Caribe
Nuestros países presentan uno de los mayores índices de delincuencia del mundo. Desafortunadamente los números han venido aumentando durante los últimos dos decenios, lo que impone costos considerables a las sociedades y a menudo convierte el problema de la delincuencia en la principal preocupación de los ciudadanos de la región.
No obstante, esta tendencia creciente de la delincuencia no parece ir acompañada de una inversión significativa en conocer más sobre este problema y sobre la eficacia de las políticas dirigidas a resolverlo (Di Tella, Edwards y Schargrodsky, 2010).
Una posible explicación de esta situación es la falta de datos confiables sobre la actividad delictiva en la región. Un sistema eficiente para la recopilación, procesamiento y difusión de información sobre la actividad delictiva y la justicia penal es un requisito previo para el análisis de la delincuencia y la prevención eficaz del delito.
Nuestro libro sobre costos del crimen ha mostrado que en materia relacionada con la recopilación y difusión de información sobre la actividad delictiva, la región presenta un atraso considerable, con grandes brechas en los datos estadísticos que entorpecen la formulación de políticas y el análisis de la actividad delictiva. En términos generales, los sistemas de estadísticas sobre la delincuencia de América Latina difieren de los sistemas estadísticos ideales en cuatro aspectos clave.
En primer lugar, no están orientados hacia el usuario. Un sistema ideal de estadísticas sobre la delincuencia debería producir, como mínimo, indicadores sobre la seguridad ciudadana (como el índice delictivo por tipo de delito) e indicadores de las respuestas del sistema de justicia penal (recursos, desempeño y castigo sistémico). Sin embargo, la información que proporcionan los sistemas estadísticos sobre la delincuencia de la región suele no estar a disposición general, carece de periodicidad y es poco detallada.
En segundo lugar, los sistemas de estadísticas sobre la delincuencia no se planifican ni se gestionan de manera efectiva. La realidad lo demuestra: las dependencias encargadas de recopilar los datos por lo general están adscritas a diferentes niveles del gobierno y a diversos organismos en cada nivel gubernamental. Además, en la mayoría de los países, la falta de recursos y capacitación son obstáculos importantes para la recopilación y el análisis de estadísticas.
En tercer lugar, dichos sistemas no mantienen la neutralidad política ni un perfil público elevado, por el contrario, la importancia de la delincuencia, como problema que preocupa a los potenciales electores, a veces se ha usado para fines de manipulación política, al influenciar el contenido y el momento elegido para dar a conocer estadísticas sobre la delincuencia.
Por último, el alcance y contenido de los sistemas de estadísticas sobre la actividad delictiva de la región no están claramente expresados ni integrados. La información que ofrecen no obedece a la reacción al problema de la delincuencia por parte del sistema de justicia penal y dichos sistemas no usan conceptos y clasificaciones comunes. Esta falta de información uniforme y disponible de manera periódica ha obligado a los investigadores a depender exclusivamente de las estadísticas sobre homicidios recopiladas por la Organización Mundial de la Salud, para fines de comparaciones internacionales. A pesar de la diversidad de las definiciones, el “homicidio” puede ser el crimen cuyos datos más se recopilan y difunden en la región.
Quizá sea por ello que la investigación académica sobre la delincuencia en América Latina se ha concentrado sobremanera en el homicidio. Dicho eso, es imprescindible mejorar la disponibilidad y la calidad de las estadísticas, como requisito previo para poder estimar con mayor precisión los costos que imponen la delincuencia y la violencia en la región. Es necesario crear instrumentos de recopilación de datos más precisos, especialmente un sistema integrado que permita el cruce de referencias de datos sobre denuncias, detenciones, poblaciones carcelarias y procesos judiciales, así como de datos provenientes de encuestas de victimización (Bergman y Whitehead, 2009).
Los esfuerzos en este sentido son un requisito previo para entender un fenómeno tan complejo como el costo de la actividad delictiva y la violencia, así como sus factores determinantes, para promover un debate constructivo y llevar a cabo evaluaciones rigurosas que acrecienten y mejoren el conocimiento sobre la delincuencia en América Latina y el Caribe.
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Foto: Flickr CC Municipalidad de Miraflores
Laura Jaitman
Sobre el autor
Laura Jaitman coordina el área de investigación en Seguridad Ciudadana y Justicia del BID. Sus principales temas de investigación son economía del crimen, evaluación de políticas para prevenir y reducir el delito, y economía política. Antes de unirse al BID ha trabajado como consultora por una década para el Banco Mundial, el BID y J-PAL en temas de evaluación de impacto de políticas públicas en distintos países de América Latina. Jaitman es Doctora en Economía de University College London, Reino Unido; Master en Economía de la Universidad de San Andres, Argentina, y Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.







Publicado originalmente en el blog del BID  Sin Miedos.


Mujeres encarceladas: Es más difícil salir que entrar

Publicado originalmente en el blog del BID  Sin Miedos.


Vista cielo desde cárcel
Por Florencia Serale
El crecimiento de la población penitenciaria femenina en toda América Latina es acelerado. Las aristas de este fenómeno son muchas, una de ellas es el impulso de una política criminal centrada en delitos de comercialización y tráfico de estupefacientes.
Argentina no es un caso aparte; en el año 1990 en la provincia de Buenos Aires, eran 298 las detenidas, al 2015 el número ascendió a 1.372. La mayoría de ellas, como Liliana, tienen mucho más para contar que los motivos que las llevaron hasta la puertas del penal. Son mujeres que asumieron la jefatura de sus hogares, que crecieron en contextos de vulnerabilidad socio-económica, o son madres de niños con los que pierden el contacto y a veces jamás vuelven a ver.
Liliana, al igual que la mayoría de las mujeres que recuperaron la libertad, algunas quizás en más de una oportunidad, insiste en lo mismo: el temor más grande es el abismo con el que se encuentran desde el día de su liberación.
No sólo sufren el estigma social de haber pasado un tiempo tras las rejas, sino también los vínculos fracturados con sus familias, la falta de recursos económicos para garantizar su subsistencia, y la formación que les permita encontrar una salida laboral. Estas faltas no hacen más que aumentar el desafío de evitar la reincidencia de estas mujeres.
Mujer encarcelada con niñoLa Asociación Civil y Cultural YoNoFui, situada en la Ciudad de Buenos Aires, acompaña a estas mujeres desde el año 2002. YoNoFui nació como un taller de poesía dictado en el Penal de Ezeiza, creando espacios de capacitación y contención a través de talleres productivos y artísticos en penales de mujeres.
El grupo de trabajo de la organización advirtió la necesidad de que el trabajo llevado a cabo dentro del penal tuviera su continuidad en el afuera, dando apoyo en el proceso de reinserción social. Fue así que YoNoFui en el 2005 creó los primeros talleres afuera del penal. En la actualidad se dictan ocho talleres de artes y oficios: Dibujo, Serigrafía, Diseño Textil, Arreglo de Maquinaria Textil, Encuadernación Artesanal, Periodismo, Fotografía y Diseño de Calzado. En Argentina es la única organización que desde hace 7 años lleva un Taller de Carpintería para mujeres[1].
Actualmente, se capacita a un 20% del total de las mujeres que se alojan en tres de las cárceles federales que existen en la provincia de Buenos Aires. Trabajo que se completa con las más de 100 alumnas al año que transitan por talleres de las distintas sedes. En YoNoFui se da además apoyo social y jurídico para mujeres que están o estuvieron privadas de la libertad o pasaron por una situación de vulnerabilidad similar.
Arg Carcel mujer con muñecaYoNoFui tiene su revista, YOSOY, título que desafía las vivencias del pasado y afirma la voz de las mujeres que le dan contenido a esta publicación semestral, donde se revelan las producciones del taller de periodismo, el cual se plantea como el órgano de comunicación de la organización.
Varias de las protagonistas, al poco tiempo ya son parte del equipo de formadores, completando un círculo virtuoso, logrando que ellas sean espectadoras de la capacidad que poseen de trasformar su propia realidad y evitar de este modo la reincidencia.
Tal es el caso de Liliana Cabrera, que comenzó participando en los talleres dentro del penal y hoy es formadora del taller de poesía de YoNoFui. “Salir es lo peor”, dice con la autoridad de quien lo ha vivido. “Yo me sentía invisible”, recuerda sobre el taller cuando fue encarcelada en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza. “Escribir fue abrir una ventana a mí misma”.
“Hoy, ya en libertad, soy community manager de YoNoFui y puedo decir orgullosa que vuelvo al penal como coordinadora docente del Taller de Poesía del cual participé tantos años”, nos cuenta. “Volver y compartir aquello que a mí me hizo tanto bien, es una satisfacción muy grande”.
Una de las fundadoras de YoNoFui, María Medrano, explica: “Un espacio donde además de recibir formación puedan recibir afecto, una escucha atenta y posibilidad de generar nuevas formas de vinculación es esencial para que las personas no vuelvan a reincidir”.
Todo ha sido crecer para la organización y sus protagonistas, más allá de los talleres en los penales y en las dos sedes con las que cuentan al día de hoy, formaron una cooperativa de trabajo textil donde se elaboran y comercializan los productos realizados.

Actualmente muchos de los trabajos artísticos se exponen en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. YoNoFui ha sido premiada por su documental Lunas Cautivas (2012) en el Festival de Derechos Humanos, y ha recibido el reconocimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, oportunidad en la que se les otorgó el predio para la construcción de la primera escuela de artes y oficios para mujeres liberadas, hoy prioridad de la organización. Además de este desafío, se suma la necesidad de evaluar esta metodología de trabajo para luego replicarla en otros penales de mujeres.
Los resultados se suman, día a día, logrando que la voluntad intervenga no sólo lienzos, papeles y fotografías, sino también la vida de estas mujeres que se empoderaron para transformar su realidad en una mejor.
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¿Conoce algún ejemplo notable de reinserción social de mujeres encarceladas? Compártelas en la sección de comentarios.
Florencia Serale trabaja como consultora en temas de registros civiles y gobierno abierto en la División de Capacidad Institucional del Estado del BID. Es Argentina, egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) donde se graduó de Licenciada en Economía. Actualmente, se encuentra preparando su tesis de Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (UDESA). Florencia se desempeñó como Asistente de Investigación y posteriormente como Analista de Operaciones en la Representación del BID en la Argentina, donde trabajó durante cinco años en el diseño y ejecución de proyectos de gestión pública subnacional, desarrollo urbano y áreas metropolitanas, entre otros. Además, hace dos años se desempeña como voluntaria de la organización YoNoFui en el área de alianzas estratégicas.
[1] Para llevar adelante estas actividades, la organización articula su trabajo  con la Defensoría General, el Ministerio de Trabajo (a través del Programa de Formación Continua, el Programa de Fortalecimiento Institucional y el Programa de Becas de Formación Laboral) y el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA).
Fotos: Taller de Fotografía Estenopeica realizado en el penal de Ezeiza



Publicado originalmente en el blog del BID  Sin Miedos.

Cuatro medidas para prevenir la violencia contra las mujeres

Publicado originalmente en el blog del BID  Sin Miedos.

Por Andrew Morrison
mujer en consulta
Se requiere un espacio de confianza para que la mujer hable sobre abuso doméstico
Hace ya más de 15 años que trabajo el tema de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Cómo un economista terminó ahí es otra historia que a lo mejor algún día me animo a contarles. Ya en ese entonces, y desde mucho antes, era un fenómeno que afectaba a millones de mujeres en todo el mundo, de toda clase social o de raza. Otra cosa es que se hablase de él.
Por entonces no existía el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los datos eran prácticamente inexistentes y, por tanto, también los recursos al alcance de las víctimas. Era un tema privado, no de política pública.
En estos años algunas cosas no han cambiado. Los roles de género siguen sustentando esta violencia, su carácter sigue siendo global, y sigue siendo el principal tipo de violencia que sufren las mujeres (1 de cada 5 en la región).
Afortunadamente, otras muchas cosas sí han cambiado. Personalmente he visto un cambio monumental en la actitud de los gobiernos. Hoy la violencia contra las mujeres está en las agendas políticas y existe una creciente coordinación entre los gobiernos y las organizaciones de mujeres.
Capture libroDescargue nuestro estudio sobrecostos de la violencia
Hoy sabemos que se trata de un problema complejo, con factores que operan a nivel de sociedad, comunidad y del hogar y que aumentan el riesgo de que una mujer sufra violencia. Sabemos que son necesariasrespuestas multisectoriales e integrales, por eso el BID está focalizando sus esfuerzos en cuatro áreas:
  1. TRABAJAR CON LOS JÓVENES: Es una parte muy importante en esa respuesta, trabajar con la juventud y romper el ciclo de violencia, que pasa de padres a hijos. Cuestionar el modelo de masculinidad violenta y transformar las normas comunitarias es esencial y programas como H y M o IMAGE están dando resultados prometedores.
  2. MÁS Y MEJORES SERVICIOS. Otro pilar básico es proveer servicios de calidad a las mujeres sobrevivientes de la violencia. Un economista diría que este enfoque es necesario, pero no suficiente: sólo estamos poniendo un parche a la herida. Y aquí necesitamos crecer e innovar, ya que la gran mayoría de respuestas gubernamentales y de la sociedad civil se centran en atender las necesidades más inmediatas -apoyo psicológico, médico, legal-. Necesitamos además ofrecerles a las mujeres sobrevivientes opciones de empoderamiento económico para que puedan salir adelante sin depender de su agresor. Un maravilloso ejemplo de cómo hacer estao, bajo un solo techo, es Ciudad Mujer.
  3. INCLUIR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LAS AGENDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. Las cortes y las fuerzas policiales necesitan aprender a tratar los casos con profesionalidad y a las mujeres con dignidad. Pero es más: la violencia contra la mujer genera otros tipos de violencia, como la juvenil –los estudios demuestran que los hijos que presencian violencia contra su madre son más propensos a tener una conducta delictiva-, por eso prevenir la violencia contra las mujeres es prevenir también otros tipos de violencia.
  4. MONITOREAR LO QUE FUNCIONA. Es necesario que organizaciones como el BID  generen evidencia de lo que está pasando, de lo que se hace para enfrentarlo, de lo que funciona y de lo que no y así mejorar las respuestas.
Hace ya casi 10 años realicé un mapeo de qué se hacía en Latinoamérica en violencia de género. Escribimos entonces que “el reto no es sólo crear conciencia, si no mantener un compromiso a largo plazo para afrontar la violencia de género como un impedimento para el desarrollo económico, un problema de salud pública y una violación de derechos humanos”.
Este desafío sigue vigente, pero afortunadamente cada vez son más las personas que lo asumen como propio. Y hoy, 25 de noviembre, es un magnífico día para ratificar nuestro compromiso con el fin de la violencia contra las mujeres.
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Andrew Morrison es Jefe de la División de Género y Diversidad, en el Sector Social del BID


Publicado originalmente en el blog del BID  Sin Miedos.


Derechos y obligaciones del Gobierno Abierto en República Dominicana


Artículo publicado originalmente en Política Comunicada.

Gobierno Abierto en República Dominicana: 4 Iniciativas de GA – Parte 2

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La República Dominicana se encuentra dentro de los países con iniciativas que buscan fortalecer la gestión gubernamental a través del desarrollo del llamado Gobierno Abierto, y es en esta dirección hacia donde vienen apuntando sus decisiones de Estado, las cuales buscan convertir al ciudadano en el centro, en un ente activo y participativo en el diseño y desarrollo de las políticas públicas y las ejecutorias del gobierno, a través de la participación, el uso de las Tics y la rendición de cuenta, básicamente.
En nuestra publicación anterior, nos hemos referido a las diferentes iniciativas que ha venido desarrollando la República Dominicana en materia de Gobierno Abierto y en aras de fortalecer los principios que le orientan.
La República Dominicana como país adherido a la Alianza de Gobierno Abierto (AGA) tiene retos que vencer, ya que al igual que los demás países que integran dicha alianza, existen compromisos asumidos desde su primer plan de acción, obligaciones contraídas que debía dárseles cumplimiento y no sucedió así en su totalidad, es importante destacar esta parte.
Haciendo un breve recuento sobre aquellos compromisos asumidos en el referido plan de acción, en materia de fortalecimiento de los organismos de transparencia y fiscalización, el gran reto que enfrenta RD es lograr la real transparencia y fiscalización de las organizaciones gubernamentales, ya que aunque se creó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y se le asignó esa función, no se han enfocado sus ejecutorias al logro de tal compromiso, sino mas bien a la promoción de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), que dicho sea de paso, ya es un avance significativo.
Siguiendo en el contexto de los compromisos que se enmarcan en la transparencia del Estado como eje central, y aunque no forma parte del plan, en  el 2012 siendo candidato a la presidencia Danilo Medina, al igual que otros candidatos, firmaron el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de la RD en el cual se comprometieron y pactaron  con la organización de la sociedad civil denominada Participación Ciudadana, a estipular un Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional y el cumplimiento de veinte y un (21) puntos para el fortalecimiento de la administración pública e  impulsar las medidas contra la corrupción, tal como se especifica en el citado documento.
Estos 21 compromisos están fundamentados en Convenciones Internacionales contra la Corrupción y todos aquellos temas gubernamentales que son vulnerables y que requieren de alto nivel de transparencia en su gestión. A estas obligaciones se les daría seguimiento y monitoreo, mediante el acopio y sistematización de manera continua, de información relativa a las acciones y/o actividades que implementaría el gobierno durante el periodo especifico de  agosto 2012 a febrero 2013 y que estaban orientadas al cumplimiento de los compromisos asumidos por el entonces candidato y actual presidente Danilo Medina.
De los compromisos asumidos en ese período, ninguno de ellos se le dio cumplimiento tal como se indica en el primer informe de seguimiento y monitoreo del citado protocolo publicado en marzo 2013. Lo mismo ocurrió con el segundo informe del referido acuerdo publicado en 2014.
Analizando todo lo anterior, en cuanto al tema de la transparencia y el tratamiento por parte del gobierno y siendo este uno de los principios fundamentales del GA, se percibe poco avance en esta materia.
Otro de los compromisos que no alcanzó su cumplimiento es el de Profesionalización del Servicio Público, aunque era muy especifico y se refería solamente a las alcaldías, es oportuno resaltar de manera general que la profesionalización del servicio público debe abarcarse a todos los niveles del Estado y no solo se alcanza con la implementación de sistemas tecnológicos, sino que es un conjunto de elementos y de cumplimiento de normas que regulan el empleo público y comprende el Estado en sentido amplio. A continuación presentamos cuatro iniciativas de Gobierno Abierto en la República Dominicana:
  • En ese orden de ideas, en el Plan de Acción existía el compromiso de implementar elSistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) a nivel local, habiéndose obtenido poco avance a la fecha de evaluación, aunque el Ministerio de Administración Pública (MAP), el órgano responsable, fijó fecha al 2016, con 40 alcaldías implementando la herramienta tecnológica.
Actualmente, el referido Sistema se encuentra en la etapa más activa de actividad, con la presentación de la plataforma a gran parte de las autoridades de las 48 alcaldías (8 más) seleccionadas en el piloto llevado a cabo para medir los niveles de la gestión municipal, a través del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública. En su evaluación se presenta poco o ningún avance en la mayoría de las alcaldías en el tema SASP. Cabe destacar, que en los demás indicadores definidos existen avances significativos.
  • Continuando con el SASP, surge la iniciativa del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP), que es  un sistema orientado a medir los niveles de desarrollo de la gestión municipal teniendo previsto la evaluación de  30 subindicadores vinculados al cumplimiento de 7 marcos normativos. En su inicio, el SISMAP Municipal dispone de 22 indicadores activos.
  • Más reciente, se ha dotado a la administración pública y concretamente, al ciudadano para su uso, de un instrumento importante: El Observatorio Nacional de la Calidad de los ServiciosPúblicos, que es un espacio virtual de participación, diseñado para observar, investigar y analizar la calidad de los servicios públicos desde la óptica institucional y ciudadana. Esta plataforma opera bajo la Dirección de Gestión y ciudadanía del Viceministerio de Servicios públicos del MAP.
El reto en ese sentido es lograr que los 40 ayuntamientos estén gestionando sus RRHH a través del SASP al 2016, en sintonía  con el  compromiso asumido en el Plan de Acción de la AGA,  reflejando una tendencia de más ayuntamientos adoptando este sistema para mejorar su gestión y hacerla más transparente.

De manera general, la RD tiene retos por delante en materia de GA, como cumplir con los compromisos del nuevo Plan de Acción, lograr la mejora en el tema de transparencia en todas las organizaciones gubernamentales, fortalecer los órganos rectores de los temas comprometidos tales como el MAP, OPTIC, DIGEIG, Contraloría, entre otras instituciones y desafíos.
La tendencia es hacia la consolidación de un verdadero Gobierno Abierto RD, pero se logrará con voluntad política y autoridades comprometidas, así como con el empoderamiento social ejercido por el ciudadano que cada día quiere estar más enterado sobre cómo se gestiona el gobierno, la calidad de los servicios, participación ciudadana activa y la rendición de cuentas, pues así se evidencia en los nuevos compromisos asumidos en el segundo Plan de Acción 2014-2016, el cual es el resultado de una amplia consulta ciudadana y del consenso de las distintas mesas de trabajo articuladas para esos fines.
Este Plan de Acción comprende 11 compromisos, agrupados en siete grandes ejes temáticos: Tecnología y Datos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas, Participación de la ciudadanía en términos más incluyentes, Educación para el Desarrollo, Salud cercana al Ciudadano, Medio Ambiente Responsable y Comunidades más seguras.

EL GA ES UN COMPROMISO DE TODOS Y UNA RELACIÓN GANAR-GANAR, GOBIERNO-GOBIERNO, GOBIERNO-CIUDADANO,  DONDE GANA EL GOBIERNO A TRAVÉS DE LA LEGITIMACIÓN DE SU GESTIÓN CUANDO EL CIUDADANO ES ENTE ACTIVO PARTICIPATIVO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS DISTINTOS PROCESOS LLEVADOS A CABO EN LA AAPP, Y GANA EL CIUDADANO PORQUE CONOCE LAS EJECUTORIAS DEL GOBIERNO, ES PARTE DE ELLA Y CONOCE EN QUE SE INVIERTE EL ERARIO DEL PAÍS, MIENTRAS SE FORTALECE Y CONSOLIDA EL SISTEMA DEMOCRÁTICO Y EL ESTADO DE DERECHO.

Retos: Ya tenemos herramientas, que hace falta AHORA?

  • Consolidación del Gobierno Abierto, hacia la implementación del Parlamento Abierto. No solo en el ámbito del Poder Ejecutivo el ciudadano quiere y tiene derecho a saber cómo, sino también en la esfera del Poder Legislativo.
  • Participación de los ciudadanos a través del uso de las TICs, en relación a este tema hemos referido en nuestro primer artículo que algunas organizaciones han adoptado como herramienta fundamental el uso de las tecnologías de la información como medio de participación ciudadana en sus procesos y obtención de sus servicios.
  • Fortalecer de manera complementaria y general la aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, ya que una  tarea de la Dirección de General de Ética e Integridad Gubernamental es impulsar ante el Congreso la creación del Instituto Dominicano de Acceso a la Información Pública y desarrollar los mecanismos y herramientas complementarias, pues estas funciones se le transfieron a la citada institución a través del Decreto No. 486-12.
  • Promover el uso de las TICs para un gobierno más eficiente, en relación a este tópico, debemos resaltar que aunque en el primer plan de acción no se cumplió con este compromiso, la OPTIC ha venido realizando grandes esfuerzos, no solo en promoción, sino en el desarrollo de herramientas tecnológicas que apuntan a la eficientización del Estado dominicano a través del uso de las TICs como un medio para acercar más al gobierno con el ciudadano.
  • Campañas de difusión de las iniciativas de GA a través de todos los medios de comunicación, como un mecanismo para empoderar a los ciudadanos de las herramientas que tienen a su disposición.
  • Que las organizaciones cuelguen en sus páginas webs las informaciones reales de su gestión y manejo, ya que muchas se refrescan con poca frecuencia, manteniendo datos desactualizados.
  • Promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales, la tendencia reflejada es que cada día los ciudadanos hacen uso de las Leyes y va en aumento, ya que ellos tienen derecho a saber, no solo el qué, sino también el cómo?
  • Implantar y fomentar el tema de la transparencia a nivel de todos los ayuntamientos como una forma de monitorear su gestión.
  • Hacer del Gobierno Abierto una cultura ciudadana en República Dominicana.
  • Ser referente en la región con el tema de GA, por el cumplimiento al plan de acción.
  • Que las organizaciones públicas rindan cuentas claras sobre la gestión y manejo de los recursos del Estado.
  • Continuidad de estas iniciativas más allá del presente gobierno (Continuidad de Estado).
Sobre los autores:
Geovanny Vicente Romero. @geovannyvicentr
Geovanny reside en Washington, D.C., es abogado, politólogo y profesor universitario. Especialista en Políticas Públicas y Función Pública, con varios años  de experiencia en el sector público. Académico de Derecho Administrativo, Criminología y Derecho Penitenciario. Conferencista sobre temas de función pública y servicio civil, así como de tópicos de Gobierno Abierto (ética, transparencia, participación, libre acceso a la información, etc.). Director del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD). Premio Provincial de la Juventud 2015 del Distrito Nacional, por su Liderazgo Profesional y Político, otorgado por la Presidencia de la República y el  Ministerio de la Juventud. 
Eridania Bidó Fernández. @eridaniabidof
Contadora de profesión, MAGP, Especialista en Función Pública, Gestión de la Calidad, ISO 9001, Vicepresidente Ejecutiva CPDL-RD @cpdlrd con más de 8 años de trayectoria profesional a nivel público. Facilitadora en temas de Función Pública, Calidad (Marco Común de Evaluación, CAF), Carrera Administrativa. Sigue a Eridania en Twitter @eridaniabidof

Artículo publicado originalmente en Política Comunicada.





































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